lunes, 31 de diciembre de 2012

Feliz 2013 os desea Ruiz Rey Abogados



Adiós a este 2012 y Feliz 2013


        Desde nuestro Blog DefienDT queremos desearos lo mejor para este 2013 que llegará en unas horas.



        Nuestros deseos se centran en que se acaben todas esas injusticias que a diario denunciamos y que nos obligan a todos a defendernos de ellas. Desgraciadamente no terminarán nunca del todo, pero os animamos a denunciarlas, entre todos lo podemos conseguir.



        Nos acordamos en estos momentos de los estafados por preferentes; los que sufren la injusticia de las ejecuciones hipotecarias; las tasas de Gallardón que significan ya el fin de la Justicia para todos, etc.



       Pero que no se olviden que contra todos vamos a seguir luchando y en ese empeño Ruiz Rey Abogados pondrá su humilde contribución como lo viene haciendo desde hace más de una década.



        Por último gracias a todos los que durante este año 2012 nos habéis hecho crecer colocándonos como un despacho de abogados 2.0., destacando en la red social Twitter donde recientemente hemos alcanzado el top 2 en número de followers.




Feliz 2013 y JUSTICIA PARA TODOS




viernes, 16 de noviembre de 2012

MEDIDAS URGENTES SOBRE PROTECCIÓN DEUDORES HIPOTECARIOS

Pequeño resumen de interés para la ciudadanía.

Medidas urgentes. Protección de deudores hipotecarios
Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios

Contiene las siguientes medidas de protección al deudor:

-Paralización durante dos años de los lanzamientos en la fase final de desahucio para los colectivos que no superen el nivel de rentas previsto tres veces el IPREM que incluye familias cuyos ingresos mensuales no superen los 1.597 euros; en los que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, es decir, cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5 por 100 en los últimos cuatro años; en los que la cuota hipotecaria supere el 50 por 100 de los ingresos netos; en los que se trate de un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad; y, además, se encuentren en alguna de estas circunstancias:
Ser familias numerosas de acuerdo con la definición en la legislación vigente,

Constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo,

Ser familias con algún menor de tres años,

Tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33 por 100 o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral,

Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo,

Constituir unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral,

Estar en algunos supuestos de violencia de género.

-Creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su vivienda.


martes, 13 de noviembre de 2012

Mas de 6800 seguidores en Twitter. Gracias.

 

¡GRACIAS A TODOS! @RuizReyAbogados tiene más de 6.800 seguidores en Twitter

 

Como saben bien nuestros clientes, la forma de comunicarse entre el Cliente y su Abogado, ha cambiado para siempre.

            Con la ilusión y el dinamismo que nos caracteriza lanzamos nuestro twitter @RuizReyAbogados y ya tenemos más de 6800 seguidores. Lo importante no es el número es la calidad y por eso queremos agradecer a todos su apoyo esperando se unan muchas más personas y entidades que quieran estar al tanto de sus derechos al minuto.

            En este Blog, pueden seguir nuestro Timeline al minuto, al igual que en nuestra web: http://www.ruizreyabogados.com/

            Animamos a todos a conectarse con nuestro despacho por cualquier vía, ya sea Twitter, Linked In, Facebook (http://www.facebook.com/RuizReyAbogados) o Foursquare, etc.

            Por supuesto, tenéis el email, teléfono, fax y formularios en la web para hacer cualquier consulta que será evaluada y reorientada bajo nuestra consideración profesional.

            El futuro de la Abogacía, la llamada Abogacía 2.0 la construimos entre todos, clientes, abogados, procuradores y demás colaboradores de la Justicia.


            Ruiz Rey Abogados ya está ahí. ¿Te subes?



lunes, 12 de noviembre de 2012

NO A LAS TASAS JUDICIALES

EL ESCÁNDALO DE LAS TASAS JUDICIALES



Os dejo aquí la reflexión de un compañero que transcribe a su vez a otra abogada, que detalla a la perfección EL ESCÁNDALO DE LAS TASAS JUDICIALES QUE A TODOS LOS CIUDADANOS SE LES VA A IMPONER, lo que constituye uno de los mayores atropellos a los derechos básicos de los ciudadanos y que USTED puede tener que sufrir en cualquier momento que necesite de JUSTICIA. Lea los ejemplos que se ponen a continuación y comprenderá la dimensión de lo que va a aprobar el gobierno con el Sr. Gallardón a la cabeza. Esto no es recortar, es dar un golpe de estado en la Justicia de este país, robando los derechos básicos a los justiciables para poder acceder a la Justicia.

Firmad en el link que figura al final del post. Gracias.

Toda la Abogacía española, todos los Colegios de Procuradores de España, el Consejo General del Poder Judicial, los sindicatos, asociaciones de consumidores y usuarios, Magistrados, Jueces, Fiscales y Secretarios, grupos de la oposición, sean del color político que sean, han intentado hacer ver al Gobierno la inconstitucionalidad de la medida, amén de advertirle de que ello comporta una inexorable imposibilidad de acceder a la Jurisdicción y, en consecuencia, un injusto desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva.

Nadie desea la INDEFENSION DE LA MAYORIA.

El Consejo General de la Abogacía Española, así como el Presidente del mismo, las Confederaciones y asociaciones de Abogados jóvenes, la Asociación Española de Abogados de Familia, el Consejo General de Procuradores de España, sindicatos, organizaciones y confederaciones de consumidores, ETC., han hecho llegar al Congreso sus enmiendas al Proyecto de ley de tasas judiciales, que el Gobierno pretende aprobar, las cuales han sido rechazadas sin argumento jurídico alguno y con un deliberado engaño a la ciudadanía.

Los ciudadanos tienen derecho a que se les diga la verdad y que sepan cuanto les supone en euros esta reforma que pretende introducirse y como abogado no puedo en estos momentos mantenerme en silencio ante el mayor de los atropellos a los derechos de los ciudadanos, sin que ellos lo sepan.

Para que los ciudadanos juzguen y valoren la repercusión de este Proyecto de Ley, transcribiré algunos ejemplos, sacados de la pagina web http://veronicadelcarpio.wordpress.com/,   abogada y profesora de derecho que transcribo literalmente:

-          Sistema civil. Procedimientos ante los Juzgados de Primera instancia civiles y sucesivas instancias.: En todo “juicio ordinario”, el mas frecuente, se pretende establecer un fijo de 300 más un variable del 0.5% por demanda (o por reconvención) que se calcula sobre la llamada “cuantía procesal”, es decir, atención, el valor económico que la propia ley procesal asigna al pleito, y ese mismo 0.5% se añade a las tarifas fijas por apelación, casación, todas ellas por supuesto con su correspondiente 0,5% de variable. El resultado de la aplicación de la tasa en demandas (300 de fijo más 0,5% de tasa variable sobre cuantía procesal) sería como se indica en los siguientes ejemplos de pleitos cotidianos:

·         Si se discute sobre un inmueble, el valor real del inmueble, tanto si se refiere a propiedad como la posesión. Ej. pleito contra constructora sobre piso vendido sin licencia, precio 300.000€. Fijo 300€ + variable (300.000 X 0.5%) = 1.800€, solo para interponer la demanda. Que cada cual saque la calculadora y calcule con lo que vale su piso. Porque si vale 600.000€, su tasa solo por demanda será 3.300€, aunque usted esté asfixiado con unos ingresos familiares de 1.100€/mes. Y que calcule que si pierde el pleito por apelar pagará 800+(300.000 x 0.5%), es decir, 2.300€. ¿Que usted no tiene 2.300€? Pues se queda usted sin apelación. Claro que si usted gana en primera instancia quien tendrá ese dinero, y además se deducirá la tasa como gasto, será la constructora; así que usted, consumidor, tendrá solo una posibilidad de ganar, cuánto lo siento, y su contrario dos.

·         Ídem una acción posesoria (antiguos interdictos, p.e., la constructora del edificio al lado no respeta linderos y empieza a construir ilegalmente encima del suelo del reclamante). Por un piso de 300.000€, 1.800€ de tasa. Y añadan la apelación, en este caso y en todos, y la casación, cuando es posible.
·         Ídem una demanda de retracto por un inquilino. El arrendador tiene obligación de ofrecer la posibilidad de comprar el piso antes de venderlo a otros; si no lo hace, lo puede comprar el inquilino interponiendo este pleito. Coste tasa: 300€ fijo más 0.5% del precio pagado por el piso. Ej. con piso 300.000€: tasa 1.800€

·         Ídem la división de la cosa común. Dos copropietarias de un inmueble, por haberlo heredado, o por haber estado casados en su día, quieren dividirlo. Coste tasa: 300€ fijo más 0.5% del valor de mercado del piso. Ej. con piso 300.000€: tasa 1.800€

·         División judicial de patrimonios (herencias, condominios, liquidación de gananciales, liquidación de patrimonio de parejas de hecho). Cuantía procesal, el valor del global del patrimonio. Ejemplo de patrimonio común consistente en piso de 300.000€, apartamento en la playa de 60.000€, 35.000€ en el banco y un coche de 5.000€, total 400.000€ Cuantía tasa: fijo 300 + variable (300.000 X 0.5%) = 2.300€. Que cada cual saque la calculadora y piense qué tendrá que pagar por esa herencia problemática que tiene pendiente.

·         Si se discute sobre una servidumbre –ejemplo, litigio por ventana ilegal abierta en un patio de vecinos entre dos comunidades -la suma de la cuantía procesal sobre la que se calcula el variable del 0,5% es el valor completo de los dos edificios dividido entre 20. No me atrevo ni a decir cuánto sale.

·         Una reclamación de cantidad de cualquier índole, o indemnización, cuantía procesal, la cantidad reclamada. Ejemplo real del jubilado que ha denunciado la pérdida de sus ahorros por las preferentes, si no prosperara la vía penal y tuviera que acudir a la vía civil. Ahorros reclamados: 128.000€. 300 + (128.000 X 0.5%) = 940€. ¿Le deben a usted dinero en importe superior a 6.000€? Saque la calculadora y calcule: tasa, 300€ de fijo más el 0,5% de lo que le deben, solo la demanda.

·         Un niño muere en un accidente de avión. La legislación aplicable obligaría a la compañía aérea a pagar un millón de euros a los padres del niño fallecido (caso real). Tasa: 300€ + (1M€ X 0.5%) = 5.300€.
·         Humedades en un piso: “cuantía indeterminada” por pretender que se arregle la terraza de donde proceden las filtraciones con obras que no se sabe exactamente cuáles serán (cuantía a estos efectos según el proyecto 20.000€), total 20.000€, o sea, 300 + .05% de 2o.000€ =400€. Y, lector, su póliza de seguros de hogar que le garantiza la defensa jurídica gratuita no le cubre la tasa, y si se la cubre, como esto es un aumento importante de coste para la compañías si el proyecto sale adelante a usted le subirán la prima del seguro; lo mismo que la de su seguro de automóvil o de responsabilidad civil.

·         Reclamación de una comunidad de propietarios contra la constructora por vicios de construcción: cuantía procesal, lo que cueste efectuar la reparación. Imagínese el coste de la tasa si la reparación es de millones o cientos de miles de euros como es cotidiano, y sobre eso calcule 300€ de fijo y sume el 0.5% de lo que cueste la reparación.
Y para hacer el ejemplo completo, uno real: 11.300 tendrían que haber pagado al Estado de tasas unos padres que reclamaron 600.000 de indemnización para su hija con gravísimos daños cerebrales en causados por una negligencia médica en un parto, y a los que solo les dieron la razón en el Tribunal Supremo (sentencia de 23-12-2002). Primera instancia: 3.300; apelación 3.800; casación 4.200. Han leído bien: 11.300. Y, claro, añadan a ello la tasa por pedir la ejecución si el condenado no paga voluntariamente. ¿Es esto Estado de Derecho? Porque incluso si uno consigue que lo defienda gratis un abogado amigo, o llega a un acuerdo con su abogado para pagarle solo si gana y cuando gane, la tasa se devenga igual, y se pretende que no se dé curso a ningún escrito si no se ha abonado la espeluznante tasa.

Sigamos con ejemplos en contencioso-administrativo. Se ve muy claro que la tasa sería directamente disuasoria, con la inmediata consecuencia de impunidad del Estado (cálculos efectuados Rosa Mª López, abogada).
Recordemos que el Estado en cualquiera de sus formas (Administración estatal, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, organismos de todo tipo) NO pagaría tasas.
·         Sanciones de tráfico
- Leves, sin detracción de puntos (Multas de hasta 100): tasa judicial: 200, el doble de la multa.
- Graves sin detracción de puntos (multas de 200), tasa 200, lo mismo que la multa.
- Graves con detracción de puntos: 450, es decir, un 225% del importe económico de la multa.
- Muy graves (multas de 500) con detracción de puntos. : 450, es decir, algo menos que la multa.
·         Los mismos criterios son aplicables a cualquier sanción administrativa (medioambiente, tributarias, cese de actividades, etc.)
- Sanciones hasta 30.000: tasa, hasta 350
- Sanciones superiores a 30.000 y de cuantía indeterminada, como cese de actividades: tratándose de sanciones evaluables económicamente, las tasas judiciales ascenderían a 350, más 0,5% de la cuantía de la sanción (de 151 en adelante). Ejemplo sanción de 50.000: 600. Ejemplo sanción 200.000: 1.350.
·         Urbanismo. Denegación de licencias urbanísticas de apertura de actividad, cerramiento de fincas, obras, etc. Análogo al caso anterior.
·         Interposición de recurso contencioso-administrativo por personal laboral interino al servicio de la administración pública no estaría exento, según el proyecto, por lo que deberían abonar tasas judiciales: 450€
·         Reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
- Se reclama al Estado 500.000 como indemnización para un niño con graves daños por negligencia médica en un hospital de la Seguridad Social: 2.700
- Se reclama al Ayuntamiento 100.000 por unos graves daños físicos sufridos al caer al vacío un viandante por hundirse una rejilla bajo sus pies por falta de mantenimiento (caso real): 850
·         Además del pago de las tasas judiciales referidas en la primera instancia, en caso de inadmisión de un recurso contencioso administrativo, el recurrente debe pagar 800€ adicionales, en concepto de tasa judicial por la interposición de recurso ordinario de apelación al que tendría derecho, en virtud del Art. 81.2 LJCA. En el ejemplo anterior, sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, por la sola interposición de un recurso contencioso-administrativo que es inadmitido, el recurrente abona otros 800€ sin haber obtenido la tutela judicial solicitada, es decir, un pronunciamiento sobre el fondo ya que es inadmitido.

Y a todo ello, habrá de añadirse los honorarios del abogado y procurador que el defienda a usted y si tiene mala suerte los de la parte contraria, por haber sido condenado en costas, pues ya se sabe, quien pierde paga.

Por cierto, se me olvidaba informarles que la administración no paga este tipo de tasas y, las empresas,  pueden desgravarlas, por tanto en la práctica, tampoco las pagarían, pues las deducen en sus impuestos.

Ahora, el ciudadano que juzgue  y se forme su propia opinión en conciencia y con toda la información y alce su voz, pues a los abogados se nos encomienda siempre la defensa de intereses ajenos, siendo los ciudadanos quienes junto con nosotros han de alzar su voz, pues son sus derechos y en definitiva los derechos de todos los que están en juego. De nada servirán las lamentaciones a posteriori. TODOS  hemos de convencer al Ministro y al Gobierno de la nación, que hay otros sitios de donde recortar, que ya con nuestros impuestos estamos contribuyendo al gasto de la justicia y que bajo ningún concepto puede generarse indefensión a los ciudadanos y con este proyecto se deja a millones de personas indefensos.

Os dejo un link para que si estáis en contra de las tasas judiciales firméis:






jueves, 25 de octubre de 2012

Promo "Me gusta" en Facebook. Consulta gratis!!



Queridos amigos y clientes:

Queremos promocionar nuestra página de facebook (http://www.facebook.com/RuizReyAbogados) y por ello ofrecemos una CONSULTA gratuita mediante el formulario de contacto de nuestra web: www.ruizreyabogados.com (http://www.ruizreyabogados.com/3.html)  a cada persona que nos dé un ME GUSTA a la página de Facebook http://www.facebook.com/RuizReyAbogados.



Por supuesto, todos los que lo habéis hecho ya, la tenéis igualmente.

Esta promo será por el tiempo limitado de 2 meses, así que date prisa!! DALE a "me gusta", y haz tu consulta que intentaremos responder de la mejor forma posible.


Gracias por confiar en nosotros.


Ruiz Rey Abogados
Defendemos sus Derechos

martes, 9 de octubre de 2012

¿LE HAN ESTAFADO CON LAS PREFERENTES? SEPA SUS DERECHOS



¿ES USTED UN AFECTADO POR LAS PREFERENTES? SEPA SUS DERECHOS y cómo reclamarlos.

Resulta sangrante ver como a los consumidores se les ha estafado con el asunto de las preferentes, y decimos estafado porque es una Estafa en toda regla a la que podríamos añadir algún que otro agravante y/o delito.

Si le ha sucedido a usted, no dude en reclamar con nuestro despacho por la vía más adecuada según el caso específico que estudiaremos con gusto.

            Recientemente (ayer día 8), saltó la noticia de que  la Junta de Andalucía ha abierto expediente a diversas entidades por distintas denuncias presentadas contra ellas.

            Esta circunstancia abre la posibilidad de que si la sanción que se impone a las entidades es alta, no les compense seguir manteniendo el abuso y por tanto acepten devolver el dinero o transformarlo en lo que muchos ciudadanos querían, un plazo fijo con posibilidad de recuperarlo cuando se necesitara.

            Con ello, sepa usted, que podemos tramitar:

Reclamación extrajudicial contra el banco o entidad; 

Reclamación vía Administración (Banco España, Comunidades Autónomas y otras); 

Reclamación vía Defensor del Pueblo; 

Reclamación Vía Penal con denuncia o querella contra los responsables de la estafa; 

así como, 

Reclamación Vía Civil por las responsabilidades que tengas los firmantes de las preferentes y la nulidad del contrato que así las establecía.

            En Ruiz Rey Abogados estudiaremos su asunto y le orientaremos para que usted escoja la mejor opción con el objetivo de recuperar su dinero.

Las participaciones o acciones preferentes son una especie de mezcla entre acciones y títulos de renta fija, unos títulos valores mobiliarios que, aunque hay variaciones según la entidad emisora, suelen tener las siguientes características:

a) La inversión es perpetua, el cliente no la puede recuperar aunque el emisor se reserva la posibilidad a su voluntad de amortizarlas pasados unos años.

b) El inversor puede no obstante revenderlas en el mercado secundario, pero al precio que dicte el mercado en ese momento.

c) El inversor cobra unos intereses prefijados (cupón), pero no cobra nada si ese año la entidad emisora no tiene beneficios o no ha pagado dividendos.

d) No conceden derechos políticos, el inversor no es accionista ni por tanto puede influir en las decisiones de la entidad.

e) No son depósitos, ni están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos, por lo que en caso de quiebra de la entidad, el inversor tiene un crédito subordinado a todos los demás excepto los accionistas.

Así descrito el producto, queda claro que el mayor atractivo para el inversor –y casi el único- serían los altos intereses ofrecidos, superiores a los de un depósito normal (a partir más o menos del 5,75% el primer año). Porque lo que está claro es que el resto son desventajas, o, si se quiere, riesgos para el inversor. En contrapartida, para la entidad emisora era muy atractivo, puesto que se aseguraba una gran suma que añadir a los fondos propios obligatorios (Tier 1), aumentando su solvencia pero sin modificar el reparto accionarial, y sin el problema de tener que hacer pagos de intereses si las cosas van mal.

En 2009, la CNMV advirtió de las características de este producto en uno de los folletos de emisión: “es un título perpetuo, ultra-subordinado, un producto complejo, no constituye depósito bancario, no tiene cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, podrían dejarse de pagar los cupones cuando haya dificultades financieras, los intereses no percibidos en un periodo no se acumulan sino que se pierden para siempre…”¿quién da mas?, o mejor, ¿quién da menos? Las participaciones pueden ser una inversión interesante para alguien experto en este tipo de mercados, pero sin duda ninguna son un producto de alto riesgo; y dado que la posibilidad revenderlos en el mercado secundario depende absolutamente de la solvencia de la entidad, desde que empieza la crisis son una inversión de altísimo riesgo, absolutamente inadecuadas para personas sin conocimientos profundos en este tipo de negocios, máxime cuando el mercado secundario en el que se negocian se quedó sin liquidez y sigue en este estado.

Lo que ha ocurrido sin embargo es que las entidades financieras españolas no han discriminaron en absoluto y colocaron las participaciones a todo aquel que han podido a diestro y siniestro e independientemente de sus necesidades o perfil inversor: jubilados, ancianos, parados, pequeñas empresas, personas con ahorros por haber cobrado una indemnización, gente con evidente falta de cultura financiera para comprender estos riesgos…No repararon en si los clientes iban a necesitar liquidez en un momento dado, si habían comprendido que podían no recuperar nunca su inversión o no obtener ningún pago de interés. Les pusieron delante de los ojos el alto tipo de interés, y lo demás lo hacía la confianza que los clientes tenían en “su” banco y en “su” director de sucursal, la creencia de que esa persona que les sonreía y les trataba con amabilidad se preocupaba sinceramente de colocar bien su dinero, porque ellos no entendían de estas cosas. Actuaron sin complejos. 

Obviamente ha habido inversores plenamente conscientes del negocio que otorgaban, pero es un hecho que existe un grupo importantísimo de personas que no sabían lo que estaban contratando.

Parece razonable pensar que estos contratos y todos los que estén en la misma situación son nulos por varias razones y pueden acarrear para la entidad responsabilidades civiles e incluso penales. 

La primera nulidad deriva de que ha habido un error al prestar el cliente el consentimiento.
El art. 1266 del Código Civil dice que “para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato”. Aquí los clientes creyeron otorgar un depósito, pero era un contrato completamente diferente, por lo que el error es bastante claro.

Otro de los llamados vicios del consentimiento es el dolo civil y de él deriva la segunda nulidad. El art. 1269 CC declara: “hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho”. El engañar conscientemente al cliente abusando de su confianza para venderle un producto objetivamente perjudicial parece suficiente para apreciar la existencia de este dolo.

Hay también un incumplimiento palmario de la Directiva MiFID, de Mercados de Instrumentos Financieros, plenamente vigente en el ordenamiento español. Al inversor minorista solamente se le podrían ofrecer productos que encajaran en los resultados de un test de conveniencia hecho al efecto y las entidades deberían actuar “de forma honesta, imparcial y profesional en el mejor interés de sus clientes”, debiendo proporcionarle “información clara, honesta y no engañosa”, y la entidad “deberá evitar perjudicarle con conflictos de intereses”. Vistos los resultados, el folleto parece una broma pesada. Los bancos se han saltado olímpicamente estas obligaciones legales y han perjudicado a sus clientes para beneficiarse ellos mismos.  Hay una gravedad tal en su actuación que ha de ser causa de nulidad total del negocio. La tercera.

La cuarta nulidad resulta de la legislación sobre consumidores y usuarios. Dice el RD Legislativo 1/2007 en su art. 8.2 que son derechos básicos de aquéllos “la información correcta sobre los diferentes bienes y servicios”. Aquí es falso hasta su propio nombre, porque las participaciones son lo menos preferentes que hay. El engañar sobre la misma esencia, sobre el núcleo de lo que se está firmando, contraviene frontalmente un derecho básico del consumidor, reconocido constitucionalmente, como bien dice el art. 1 de la misma ley, y no cabe otra protección a aquél que la declaración de ineficacia de lo pactado, y la restitución de las cantidades ingresadas por él.

Y además de todo esto, está el aspecto penal que daría lugar a una quinta causa de nulidad. El Código Penal considera que han cometido estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno (248 CP). En nuestra opinión se dan en este caso los elementos del tipo penal: engaño para lucrarse, error en el estafado y disposición en perjuicio propio. Hay que tener en cuenta además que la estafa es un delito perseguible de oficio, por lo que incluso si entendiera que con la aceptación por parte del cliente del canje de las participaciones por otros productos había quedado extinguida la vía civil de reclamación, el camino penal seguiría por el contrario siempre abierto. Esta responsabilidad penal podría ser exigida también a los bancos como personas jurídicas, dado que el reciente artículo 31 bis establece que en determinados casos las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes y administradores.

(Post escrito sobre la base de un gran artículo publicado por Fernando Gomá)


 

 La opinión del a Fiscalía Superior de Andalucía que compartimos es:



Explica en un decreto que las «participaciones preferentes son recursos propios de las entidades de crédito que pueden ser consideradas activos financieros de carácter complejo y de un alto riesgo. Son aportaciones perpetuas que no están protegidas, además, por el Fondo de Garantía de Depósitos», por ello, entiende que dirigirlas a los pequeños ahorradores es una «práctica totalmente abusiva». Ante esta situación, recuerda que ya ha habido actuaciones de la Justicia en este ámbito, por lo que anima a los afectados a acudir a los juzgados de primera instancia y a las audiencias provinciales en virtud del «carácter complejo de este producto financiero, la ausencia de una información adecuada, el perfil acreditado del inversor y la vulneración de la normativa estatal reguladora del mercado de valores», para que puedan exigir a las entidades financieras los correspondientes daños y y perjuicios además de las «cantidades que han sido invertidas».


             Las diligencias abiertas por el fiscal tienen fecha del 13 de julio y en ese momento ordenó mandar copia del decreto a la Fiscalía del Tribunal Supremo, a las Provinciales, a la Unidad Adscrita de la Policía Judicial y a la Secretaria General de Consumo de la Junta de Andalucía. Finalmente, recuerda que el Ministerio Fiscal puede ejercer la llamada «acción de cesación» en defensa de los intereses de los consumidores, así como la «acción de resarcimiento» contra las entidades de crédito que hayan realizado estas prácticas «declarando la existencia de cláusulas abusivas» y la nulidad de los contratos.



En la actualidad se han ofrecido por las entidades distintas soluciones variopintas para atajar el problema, pero siempre son soluciones en las que sale perdiendo el cliente. Por ello pensamos que para perder dinero, mejor reclamar con toda la fuerza de la ley y de esta forma no sólo recuperarlo si no poner en su sitio a los que han cometido esta estafa masiva.

Desde Ruiz Rey Abogados por tanto, pensamos que no solamente debe reclamarse vía Civil o extrajudicial si no que la vía Penal por Delito de Estafa, perseguible de oficio es una buena opción para sentar en el banquillo a los responsables de esta estafa masiva a personas que en muchos casos estaban desvalidas para oponerse al engaño.


      Ruiz Rey Abogados

Defendemos sus Derechos




miércoles, 5 de septiembre de 2012


¿Es usted Presidente de su Comunidad de Propietarios?



Si es así, quizás esto le interese.

            Como habitualmente intentamos realizar desde este blog, queremos ofrecer nuestro punto de vista y la información más adecuada a quienes se ven en la situación de ejercer como Presidente de su Comunidad de Propietarios.


            Es un tema extensísimo, así que sólo daremos aquí algunas pinceladas básicas sobre algunas cuestiones que no son muy pensadas por la comunidad pero que pueden hacerle ahorrar mucho tiempo y dinero, y conseguir una gestión eficiente de la misma.


            Centrándonos en el aspecto jurídico-práctico, cuando el presidente y la comunidad se plantean la elección de una Administración de fincas para la misma o el cambio de la actual, pensamos que el modelo más completo es el que hemos seguido y desarrollado en nuestro despacho Ruiz Rey Abogados, pues gracias al modelo colaborativo con la administración de fincas Netercasa (www.netercasa.com), se puede ofrecer un completo y eficiente servicio ajustado a las necesidades de las comunidades hoy en día.



            Si la comunidad contrata con una administración de fincas y se ve obligada a iniciar acciones legales de cualquier tipo (y es algo muy común), ya sea contra morosos, contra constructoras, arquitectos, proveedores, comuneros, comunidades colindantes, etc.; tendrá que contratar los servicios de un abogado externo, que además de ofrecer un precio libre de mercado, no tendrá el conocimiento puntual que le posibilita el estar ubicado y en contacto directo con la propia administración, ya que en este tipo de pleitos, se suceden multitud de incidencias que la comunidad debe poner en conocimiento del abogado para la mayor efectividad del pleito.

            Tenemos la suerte en Ruiz Rey Abogados de trabajar conjuntamente, ya que compartimos espacio físico en nuestro despacho en Torremolinos, con la oficina principal de Netercasa y es por ello, que no sólo la administración de fincas Netercasa puede ofrecer a las comunidades un asesoramiento pleno en multitud de asuntos, si no que pone a disposición de sus comunidades unas condiciones de contratación con Ruiz Rey Abogados, que pocas Administraciones ofrecen en la actualidad. Hablamos de la cuantía de las provisiones de fondos que cualquier letrado solicitaría para iniciar un asunto y otros muchos detalles que marcan la diferencia entre contratar los servicios de una Administración de fincas cualquiera y hacerlo con Netercasa.

            En numerosas ocasiones los pleitos a interponer por la comunidad son de importante cuantía con el consiguiente alto coste y riesgo de ser condenados en costas, por eso, recomendamos que se tenga un contacto directo con el letrado que lleva esos pleitos, lo que extrañamente no sucede en muchas ocasiones y los vecinos desconocen por completo la importancia y gravedad de determinados procedimientos judiciales, que por su dilatación en el tiempo se suelen poner en el olvido.

            En resumen, la simbiosis que hemos establecido con la Administración de Fincas Netercasa, y la cantidad de dudas jurídicas que se plantean hoy día en las comunidades, nos permite aconsejarle que contrate los servicios de NETERCASA, este puede ser un buen momento para que consulte sin compromiso. Ruiz Rey Abogados lo avala.

            Sin olvidar que Netercasa les ofrece servicios inmobiliarios y de Seguros, que completan el círculo de todo lo que usted y su comunidad puede necesitar.

            Mirando por sus derechos.


            Ruiz Rey Abogados


viernes, 20 de julio de 2012

LOS RECORTES EN NOTIFICACIONES DGT


LOS RECORTES LLEGAN A LAS NOTIFICACIONES DE LA DGT


LA DGT ESTÁ NOTIFICANDO MULTAS POR CARTA ORDINARIA PARA AHORRAR Y VER “SI PICA” LA GENTE.


La noticia es el titular, los recortes llegan a las notificaciones de las multas y desde la perspectiva de la defensa de los ciudadanos es por lo que lo damos a conocer en nuestro blog.

Venimos observando como los clientes nos traen multas de tráfico y cuando se les pregunta cuándo y cómo se las notificaron, nos indican que estaba en el buzón. Hasta la fecha, las multas eran notificadas por carta certificada como poco, de manera que se podía probar por parte de la DGT la fecha de entrega y el destinatario a los efectos de continuar la tramitación de la multa.

Lo que se está realizando, suponemos que por los recortes, es notificar por correo ordinario (con el ahorro que les supone en precio con respecto a la carta certificada) en el buzón del cliente y cuando abre la carta, se encuentra con la notificación de la multa donde se le dice que identifique al conductor so pena de multa grave o que ingrese en 20 días con la reducción del 50% de la multa. Y mucha gente “pica”. Lo tendría imposible la DGT para demostrar que ha notificado la misma al ciudadano, pero sabe que un porcentaje (x) se asusta y paga.

Que quede claro, que hasta que no nos notifiquen fehacientemente, es como si no nos hubieran entregado nada. Que cada cual luego haga lo que crea conveniente, pero que no se instaure el abuso y la triquiñuela en la administración, porque es lo que nos faltaba. El procedimiento de notificación es el que es y la aplicación de la ley debe seguir su procedimiento, si no se efectúa así, que sepan ustedes que tiene defensa y aquí estamos apara ayudarles.



Ruiz Rey Abogados



jueves, 7 de junio de 2012

CUIDADO CON LA COMPRA DE MÓVILES DE SEGUNDA MANO


CUIDADO CON COMPRAR MÓVILES A CUALQUIERA, TE PUEDEN CAER 2 AÑOS


La verdad es que cuando nos llegan este tipo de asunto al despacho, nos damos cuenta del desconocimiento absoluto de las Leyes que rigen este país y de la necesidad de acercarlas a la gente. Único motivo que nos hace gastar nuestro valioso tiempo de manera altruista en explicar a los ciudadanos sus derechos.

También hemos dudado si explicar este asunto desde la perspectiva del imputado o del perjudicado, al final damos pistas para ambos.

El asunto es el siguiente:

Una chica necesita un móvil y su pareja se lo regala, al poco es llamada a comparecer ante la Policía acusada de un delito de receptación.

1. El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

La investigación continúa y la chica dice que se lo regaló su novio, con lo que el novio es llamado también y acusado por el mismo delito. Este último confiesa que se lo compró a un amigo, y ese también es llamado y acusado del mismo delito. Pero este último individuo no puede precisar a quién se lo compró, pues fue a alguien en la calle y le costó 50 euros.

Sin ánimo de hacer una disertación sobre este delito y más con intención de hacerlo comprensible, diremos que todo parte de una denuncia de un chico al que le sustraen el teléfono y aporta el IMEI (identificador personal de cada teléfono que lo hace único) del mismo, la policía pide a las compañías que indiquen qué números han usado ese IMEI para conectarse desde el robo y no tienen más que citar a esas personas y acusarlas de delito de receptación.

Evidentemente, tanto la novia como el novio, en menor medida este último, pudieran tener excusa suficiente para no incurrir en el delito (no olvidemos que está castigado con penas de 6 meses a 2 años de prisión), pero el amigo que se lo vende, debió prever que estaba comprando un móvil que podía provenir de la comisión de un hecho delictivo (dolo eventual), por lo que su condena es más que probable.

Como hemos dicho, sin entrar en muchas más profundidades técnicas, dejamos aquí este aviso para que sepáis las precauciones mínimas que debéis tomar a la hora de comprar un móvil de segunda mano, factura, ticket al menos, su caja y su envoltorio, etc.
Y si os roban el teléfono, importante tener el nº IMEI anotado o que tu compañía te lo pueda facilitar.

Como siempre, si al final necesitáis nuestra ayuda profesional, haremos lo posible por arreglar el entuerto desde Ruiz Rey Abogados.



viernes, 1 de junio de 2012

El Burofax Vs Mensajeria privada como prueba en juicio

 

EL BUROFAX COMO PRUEBA, LA MENSAJERIA PRIVADA COMO PRUEBA DÉBIL


-         Señoría, deseo que conste como prueba que al acusado se le hizo entrega de la notificación a través de un servicio de mensajería privada
o       Abogado. Aquí no consta la firma de haberlo recibido y mi cliente niega que acudiera nadie a su domicilio.
-         Se le entregó pero no quiso firmar… El mensajero puede atestiguarlo
-         Su señoría no lo acepta como prueba o le da valor probatorio “0”


Esto es lo que puede ocurrir en un juicio si no hay prueba fehaciente de que se ha hecho la entrega física del envío o de que el destinatario se ha negado a aceptarlo, incluso en el caso de haber firmado el albarán del mensajero privado, el remitente podría luego dudar que fuera su firma. En el caso descrito, es la palabra de una persona contra la de otra, y la jurisprudencia actual difícilmente lo acepta como prueba iuris et de iure u ope legis ante terceros.

Aunque algunas empresas anuncian y venden, disponer de servicios con la misma validez legal que el BUROFAX de Correos, esta afirmación no se ajusta a la realidad. Sólo es la actuación del Cartero (funcionario público), en nombre de la Entidad Postal como prestadora del servicio postal universa (SPU), LA QUE TIENE VALIDEZ JURIDICA. De nada sirve que un destinatario se niegue a firmar, cuando un juzgado solicite a Correos, se le hace llegar el comprobante, el código de identificación del Cartero, que prueba que acudió a su domicilio y no aceptó el envío. Ante infinidad de trámites por impago de facturas, notificaciones de baja de un servicio, avisos laborales, citaciones, bajas por enfermedad, etc., que las administraciones públicas, empresas y particulares necesitan tener constancia de haber realizado la correspondiente notificación, solo la entrega física tiene validez.

Las notificaciones telemáticas vía sms o email, tienen por lo general un uso masivo de criba, para tratar de conseguir que determinados receptores se den por aludidos o notificados y reaccionen con lo que en esos casos, los menos, se habrá conseguido un efecto y abaratar costes, como suele ocurrir ante reclamaciones de oficinas de cobro de empresas de servicios que suelen enviar una carta ordinaria, ante impagos o devoluciones de facturas, conminando a su abono en un plazo inmediato antes de ejecutar por vía judicial y con otro tipo de advertencias de inclusión en listas de morosos…, situación a la que determinados receptores, reaccionan y se dan por enterados. La mayoría de los posibles receptores de ese sistema de “notificaciones” eludirán por propio conocimiento o asesorados al efecto, a sabiendas de que nadie puede probar judicialmente que haya recibido un mensaje en el buzón de su móvil u ordenador(salvo pruebas extraordinariamente complejas y que sólo se aplican a casos determinados, no a la generalidad), y evidentemente las diferencias de coste pueden llevarnos al conocido dicho de que a veces lo barato sale caro. Es CORREOS quien legalmente y conforme a derecho, tanto en el BUROFAX como en otros servicios, puede ofrecer la prueba fehaciente de entrega o rechazo de la misma y ello así se contempla en la vigente LEY DEL SPU.

¿Quiere lo anterior decir que no existen otras pruebas de certificación que no sean mas que las de burofax físico?, rotundamente no.  Existen por ejemplo,  la certificación online, con soportes electrónicos que resultan válidos siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. El principal, que el posible destinatario de la notificación esté VOLUNTARIAMENTE ADSCRITO al servicio con su correspondiente certificado oficial, como por ejemplo : LAS NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS ELECTRÓNICAS SEGURAS que también presta Correos,  y que el remitente también  lo esté, emitiéndose un certificado para el usuario a quien se le ha remitido con antelación un código personal que garantiza que es él el receptor o el emisor de las comunicaciones, y en esta línea existen Organismos como Tráfico, Hacienda, algunos Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, pero en todos los casos el receptor de las posibles notificaciones TIENE QUE DAR PREVIAMENTE SU ACEPTACIÓN AL SERVICIO, simplemente considerar que el envío de un SMS con determinado respaldo y la existencia de pruebas electrónicas robustas, NO ES SUFICIENTE para dar por notificado, mas bien como antes se dice, es una forma de CRIBA MASIVA previa, de lo contrario ¿alguien puede pensar que las Jefaturas de Tráfico no mandarían todas las comunicaciones de denuncia por SMS? … que las Recaudaciones de Organismos no mandarían todas las notificaciones por SMS?.....Que Hacienda no mandaría todas sus notificaciones por SMS?...

En definitiva, hay que seleccionar muy bien para que se quiere notificar y luego valorar coste beneficio, al menos hasta que la actual legislación esté vigente.

Estas reflexiones pueden servir tanto a particulares como empresas y abogados en la defensa de sus intereses cuando tengan que notificar o sean notificados por cualquier medio.

Como siempre decimos, DefienDT o deja que lo haga Ruiz Rey Abogados.


viernes, 13 de abril de 2012

Caídas en la calle. ¿Sabe cómo reclamar?



Puntos básicos sobre caídas en la calle y cómo reclamar


Las caídas en la calle pueden deberse a una negligencia por nuestra parte o  al mal estado de la vía pública.


Para el caso que la caída se deba al mal estado de la calle y nos hacemos daño o sufrimos la rotura o perjuicio en algún bien material (rotura de prendas de vestir, bolsas con compra, útiles, gafas, reloj, etc.), podemos reclamar ante el Ayuntamiento de la ciudad, solicitando una compensación económica por los daños sufridos.

+El plazo:

Tenemos un año para pedir la indemnización desde el momento en el que se produjo la caída o desde la curación de las lesiones y determinación de las secuelas, si las hubiera. Para facilitar la reclamación es aconsejable y muy necesario disponer de fotografías del lugar de la caída, el atestado policial,(intentar que acuda siempre la policía y que levante atestado, algo difícil de conseguir hoy en día) testigos, así como informes médicos y cualquier otra prueba que nos sirva para acreditar la realidad del hecho.

En el caso de la reclamación de los daños materiales sufridos debemos presentar los tickets de compra de los artículos dañados como justificante de su valor.

Si en un plazo de seis meses no hemos recibido contestación por parte del Ayuntamiento ante el que hemos presentado la reclamación, se asume que ha sido denegada por silencio administrativo. En este caso la reclamación deberá presentarse por medio de una reclamación ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo con la ayuda de un abogado. (Desgraciadamente, el colapso que sufre esta jurisdicción por el propio interés de la administración en no salir condenada en la mayoría de las ocasiones, hace que se tarde bastante tiempo, pero ello no obsta a que se pueda conseguir una compensación más que necesaria en determinados casos).

Desde Ruiz Rey Abogados os animamos a reclamar por vuestros derechos, que son los de todos.