viernes, 8 de enero de 2016

Lexnet: La Gran Chapuza

LEXNET: “LA GRAN CHAPUZA


            En primer lugar, como este post va dirigido no solo a los profesionales del derecho, si no a los ciudadanos en general, debemos empezar haciendo una breve introducción para explicar lo que es el programa Lexnet.

            Pues no es más que un programa, ideado por el Gobierno de España, en concreto por el Ministerio de Justicia, para, supuestamente, acabar con el papel en los procesos judiciales. Por lo que todas las comunicaciones con los órganos judiciales deberán hacerse desde el 1 de enero mediante dicha plataforma y no podrá presentarse nada en papel. En resumidas cuentas es esto.

Nota para mis compañeros leguleyos:
(ya sé que viene de la Ley Orgánica 16/94, Real Decreto 84/2007, Ley 18/2011, Ley 19/2015, 42/2015, etc., pero considero que esos detalles no interesan ahora al lector)

            Pero España es un país diferente - ya es hora de que lo reconozcamos - y como tal, los abogados nos vemos obligados a utilizar un programa o plataforma como es Lexnet, que es una auténtica CHAPUZA, no merece otro calificativo.

            No nos merecemos los políticos que tenemos, que son capaces de idear cosas como esta, lo mismo que Don Quijote imaginaba Gigantes en vez de Molinos, ellos imaginan el papel cero de la noche a la mañana, y les da igual que sea imposible, que los profesionales se jodan (permítaseme la expresión pues refleja bien la indignación y no me apetece retraerme) o que los justiciables (que somos todos) paguen las consecuencias, ellos ya han vendido la moto y hecho la foto, y ahora que arreen otros. Véase el paracaidista de Cuenca (Ministro de Justicia ahora en funciones para los que no lo indentifiqun) o el ínclito Gallardón, que fueron los alma mater de este suicida proyecto.

            Fíjense ustedes algunas píldoras que reflejan muy bien como se hacen las cosas en este país y cuan debemos cambiar:

            En los procedimientos donde la cuantía no exceda de 2000 euros, se podía acudir sin procurador y por lo tanto, el ciudadano, solo con abogado, podría representarse en el pleito (incluso él mismo si quiere o se ve capaz), y con esto de Lexnet, pues mandar una demanda desde Málaga a Vigo sin necesidad de más gastos, pero, -¡ay amigo!- alguien pasaba en ese momento por ahí cuando se redactaba la norma (Ley 42/2015 de 5 de octubre que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 273, entre otros) y debió escribir a boli entre líneas (último párrafo, sospechoso):  

“Únicamente de los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o ejecutado, se deberá aportar en soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias literales cuantas sean las otras partes.”

            Si no, es imposible comprender tan ignominiosa norma. Que obliga a contratar un procurador en Vigo o donde sea, en perjuicio claro del justiciable. (Respetando muy mucho la labor del procurador, cuando su desempaño es necesario).

            O sea, que la administración se ahorra en papel millones de euros, que el abogado haga el trabajo del funcionario y además que llevemos las copias (iba a decir lo de poner también la cama, pero quedaría muy chusco y por eso lo obvio).

            Aquí debemos entonar también el mea culpa de la Abogacía Española, ya que no hemos sabido defender (y me incluyo) lo que es una aberración normativa como la expresada, pero que se extienda a la aprobación de la obligación de presentación de todos los documentos judiciales por una plataforma que ya sabíamos que no iba a funcionar y no haber conseguido siquiera que se permitiera la convivencia de los dos sistemas hasta que casi 200.000 abogados pudieran adaptarse a ella.
Mientras que en la abogacía no seamos un grupo fuerte, nos seguirán pasando estas cosas, y más pena me da ver a compañeros o al propio CGAE con el síndrome de Estocolmo, defendiendo sin más crítica algo que resulta obvio por lo horrible que está planteado. No puedo olvidar, mi sincera alabanza a esos compañeros comprometidos que han dado su tiempo por explicar a los demás lo que sabían de Lexnet, aún dejando a un lado la crítica que ellos también ven, pero había que salir del pozo, pues el 1 de enero llegaba sin remisión. Pero pedir todo el esfuerzo a que los abogados actualicen sus ordenadores, sus lectores, tarjetas con certificado digital, manejo y formación sobre una plataforma, la obligación de presentar los documentos con formatos muy determinados, firmar los escritos digitalmente, etc., no es de recibo. Yo que soy un gran defensor de las nuevas tecnologías, soy el primero a favor de su uso, pero no a costa de dejar muertos por el camino, manque me pueda pesar a mí. Y esto es lo que se está haciendo. Lo he podido ver en las caras de mis compañeros abogados y abogadas, y no me parece justo.

            Se les llena la boca a estos políticos que no han pisado un juzgado en su vida y que legislan sin saber las necesidades reales de los ciudadanos, de modernidad, papel cero, etc., Que yo tenga constancia, en Reino Unido o en Francia, un letrado manda emails desde hace años a Jueces y Fiscales y preguntan cosas del procedimiento que le son contestadas sin problema alguno, algo que aquí parece una quimera, y aunque la norma prevé la posibilidad de comunicación por email con el órgano jurisdiccional, lo condiciona a la seguridad de las comunicaciones (lo cual no entiendo, ya que si hay seguridad para operar por lexnet con certificado, también sería posible mandar un email, ya sea a un ciudadano como a un profesional) pero eso parece que no interesa.

            Lo más alucinante, es que como en España tenemos transferida la Justicia a varias comunidades, pues sus programas no son homogéneos y por tanto, necesitan una adaptación especial cada uno de ellos, lo cual en Andalucía no ha podido hacerse y aún así se ha puesto en marcha Lexnet. El Ministerio manda y los demás a obedecer. Me parece prevaricador e irresponsable. Sobre todo, porque de ellos dependen los derechos de los justiciables, de todos los ciudadanos a los que parece importan  muy poco a los políticos, salvo cuando hay elecciones (como parece que se van a repetir, pues volvemos todos a tener opción de pedirles que retiren este sistema o lo atenúen hasta que puede funcionar).

            Si a esto le sumamos que hasta casi Diciembre de 2015 no se publica el Reglamento de Lexnet (tengamos presente que el 1 de enero de 2016 entró en vigor), pues la chapuza es de dimensiones siderales. Y ahí tenemos a todos los colegios de abogados de España intentando apagar el incendio en cuatro ratos. ¡Esto no es serio señores!

            Tampoco los funcionarios han recibido formación alguna al respecto de Lexnet, ni los jueces ni los Letrados de la Administración de Justicia!!! Asombroso pero cierto.

            Y lo que siempre decimos en este blog:

Esto no le importa solo a los abogados, le importa a usted o a ti, que es quien se verá afectado por el mal funcionamiento de la Justicia, que me temo, va a suceder o está sucediendo ya.



Demos gracias a nuestros políticos y acuérdense cuando voten, aunque me temo que no tiene mucho arreglo.




Juan Ricardo Ruiz Rey
Abogado

Defendiendo sus Derechos

            

miércoles, 28 de octubre de 2015

MODIFICACIONES EN LA ASISTENCIA A DETENIDOS 2015



ENTRADA EN VIGOR DE MODIFICACIONES EN LA ASISTENCIA A DETENIDOS

      Creemos desde Ruiz Rey Abogados, que puede ser de interés su conocimiento general.


 Como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva redacción del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por la L.O. 5/2015 de 27 de abril de 2015 y que entra en vigor HOY 28 DE OCTUBRE DE 2015 y la modificación de los artículos 118 y 520 de la misma Ley, aprobados por la L.O. 13/2015 de 5 de octubre de 2015 y que entra en vigor el 1 DE NOVIEMBRE DE 2015, se producen una serie de novedades en la ASISTENCIA LETRADA que hay que tener en cuenta, y que principalmente son:



A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE DE 2015

Como principal novedad a partir de dicha fecha se encuentra el derecho a acceder a los elementos de las actuaciones para impugnar la legalidad de la detención.



A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2015

Como principales novedades a partir de dicha fecha se encuentran las siguientes: 


Las personas detenidas u objeto de una investigación penal tendrán derecho a que se les informe, por escrito, en una lengua que comprendan y de manera inmediata, de:


1.       Las causas de su detención.

2.       Los hechos que se le atribuyan, con un grado de detalle suficiente para permitir su defensa.

3.       El plazo máximo legal de detención.

4.       Del derecho a:  

a)      Guardar silencio, no declarar o contestar solo las preguntas que desee; a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable

b)      Designar abogado y a entrevistarse confidencialmente con él, incluso antes de prestar declaración.

 Este es uno de los puntos fundamentales que todo ciudadano debe conocer y que desde 
Ruiz Rey Abogados le recordamos.



c)       Acceder al atestado para poder impugnar la legalidad de la detención.


d)      A comunicarse telefónicamente con la persona que desee, en presencia de un funcionario.

 Esta modificación es importante, pues hasta la fecha, parecía de película americana, valga la expresión, el que un detenido pudiera hacer una llamada. Ahora es posible, solo falta ver cómo se va a llevar a cabo, pues es algo complicado. Debe saber que puede exigirlo.


e)      Ser visitado por las autoridades consulares de su país y a comunicarse con ellas.


Respecto al abogado, las novedades más importantes son:


a)      Solicitar que se informe a la persona detenida de todos estos derechos.


b)      Entrevistarse reservadamente con el detenido antes de la declaración policial.


c)       Intervenir en las diligencias de declaración de la persona detenida, en las diligencias de reconocimiento, careos y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido.


d)      Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten (Declaración, reconocimiento, tomas de ADN, etc).

Muy relevante, pues hasta la fecha el abogado debía pelear contra la imposibilidad de advertir al detenido sobre esta situación que podía afectar a su defensa. Ahora lo haremos amparados por la Ley.


e)      Las comunicaciones entre persona detenida/investigada y su abogado son confidenciales.

Esperemos que esto realmente se cumpla. O lo denunciaremos.


f)        El abogado dispone de TRES HORAS para acudir al centro de detención desde que es llamado.


Ruiz Rey Abogados queda a su disposición para actuar en defensa de todos sus derechos si en algún caso es usted detenido.








jueves, 11 de junio de 2015

La Mcdonalización de la Abogacía



La “Mcdonalización” de la Abogacía




Llevábamos tiempo dando nuestro punto de vista sobre este asunto en diversos foros, pero creo que es hora de que se extienda de un modo más amplio.

El título del artículo no es original, viene de un término empleado por el sociólogo estadounidense George Ritzer en su libro McDonaldization of Society (1995) para designar un fenómeno complejo. Aunque su aplicación al mundo de la Abogacía sí me la atribuyo, con su permiso, claro.

Siguiendo el esquema de este autor, hace una descripción de este proceso como de la asunción por la sociedad de las características de un restaurante de comida rápida. En este caso del ejercicio de la Abogacía.
Ritzer destacó cuatro componentes fundamentales de la McDonaldización:
  • Eficiencia: emplear el método más eficaz y directo para cumplir una tarea.
  • Cuantificación: emplear los recursos exactos para lograr la meta (en este caso una cantidad de comida concreta, expresada en el grosor de las patatas o los gramos de carne).
  • Previsibilidad: los servicios deben ser patrocinados, normalizados.
  • Control: los empleados deben ser patrocinados, normalizados y, donde sea posible, sustituidos por tecnologías no humanas.
Llegando a la conclusión de que con esos cuatro procesos, esa estrategia aparentemente razonable, según ese punto de vista, puede alcanzar resultados nocivos o irracionales.

            Pues bien, quiero unir a este tema la cantidad de publicidades “basura” (porque no puedo considerarlas como Low cost), que de un tiempo a esta parte estamos viendo en todo tipo de soportes, en relación con la oferta de servicios Jurídicos.

            Podemos ir desde grandes supuestos despachos que ofrecen GRATIS total la interposición de acciones para recuperar todo su dinero invertido en preferentes con el ofrecimiento del 100% de éxito y diciendo que ganan todos sus pleitos, hasta los “Vallistas” (léase a los que ponen su publicidad en vallas de alambre tipo cerca), que ni tan siquiera se identifican al consumidor como letrados y lo que informan es de un precio absurdo y un teléfono. Esto es la esencia de la Mcdonalización de la Abogacía.

            Siguiendo el esquema del señor Ritzer:  

La "Mcdonalización", sería tener algo rápido, idéntico, a cualquier hora, de la misma forma en que lo has adquirido la última vez y sin sorpresas. 

Lo cual no es aplicable a la Abogacía tal cual yo la entiendo y tal cual creo que debe ofrecerse al ciudadano, desde luego, cada cual que haga lo que le parezca, pero no es el servicio que ofrece Ruiz ReyAbogados. 

No hay que confundir, la aplicación de los medios tecnológicos y el abaratamiento de costes con ofrecer un precio que es falso o un servicio imposible de cumplir (me acuerdo de modelos de negocio como corporación dermoestética y otros).

En los 4 elementos básicos de la Mcdonalización:  

1.- La Eficacia: Todo está realizado de forma eficaz, sin errores. Las acciones se realizan de manera eficiente, en una serie de pasos y métodos, asociando la rapidez a lo positivo, es decir, lo más rápido es lo mejor (un ejemplo es que nos atiendan rápido, nos pregunten que menú queremos, nos pongan la bandeja y los productos... rápidamente).  

Podemos aceptar este elemento como mera eficiencia en el trabajo, el trabajo bien hecho de un abogado.

2.- Calculabilidad o Cuantificación: En dos sentidos, cantidad y tiempo. En cuanto a cantidad, asociamos la mayor cantidad, lo más grande, a lo mejor (mucha comida por poco dinero), es decir, mucha cantidad es sinónimo de calidad, aunque la comida no sea buena, o sea simplemente normal. 

            Aquí es donde habría que sopesar si un gran despacho o un modelo de negocio como Legálitas, por ejemplo, puede dar al ciudadano el asesoramiento o defensa jurídica que necesita. Evidentemente, en algún caso, por el precio que se paga al año le puede compensar a una persona, pero para un problema un poquito más complejo (y digo un poquito por ser generoso), probablemente no sea la solución a sus necesidades, y es ahí donde si la publicidad bestial induce a que contrates un servicio bajo promesas de cobertura total, luego el desengaño puede ser muy grande y por ende, somos todos los que ejercemos la abogacía los que en alguna medida vemos Mcdonalizado el servicio que prestamos, lo cual entiendo como injusto cuando menos.

            En España, la mayoría de los abogados ejercen de forma individual o en agrupaciones de tres personas como máximo, eso no es por casualidad. El trabajo que se desempeña es muy personal y en cierta manera ese es el valor añadido. Podemos quitar todos los restaurantes de calidad que hay en nuestro país y sustituirlos por Mcdonalds, seguro que eso no subiría el nivel gastronómico de nuestro país, pues igual en la Abogacía.

3.- La Predecibilidad: El producto idéntico. Saber exactamente con lo que nos vamos a encontrar, no esperar nada original ni novedoso. 

            Este punto es otro imposible, porque la propia esencia del derecho es su interpretación y ahí es donde está el verdadero arte de un jurista, esto no lo puede sustituir una máquina de poner demandas y además luego se vive cuando llegamos a juicio y la máquina de hacer “churros”, permítaseme la expresión, tiene que hablar y discutir y probar. Esta parte no la anuncian en su publicidad.

            Y por otro lado, no se le puede decir al cliente que esto está ganado o que se va a arreglar seguro si nos contrata, como estamos hartos de escuchar en algunos de estos anuncios, que son absolutamente demenciales y van contra la práctica habitual que nos podemos encontrar en un juzgado. El decir que se va a solucionar un problema de suplantación de indentidad porque mi abogado es de tal “Mcdonald” es decir mucho. La práctica te dice que nadie está blindado ante este tipo de delito y que no es fácil salir de él.

4.- El Control: Con la "Mcdonalización", todo está controlado, cada vez en mayor medida. Los empleados cada vez más especializados, realizan un número limitado de acciones y cada vez hay más máquinas para evitar que cometan errores o mejorar su productividad. (Unos empleados simplemente "fríen patatas", otros "atienden en caja"...). 

Pero no sólo controlan al personal, también a los consumidores de una forma más sutíl (asientos incómodos, líneas en el suelo indicando lugares, etc. que persiguen el objetivo de que comamos rápido y nos vayamos, cubrir esta necesidad rápidamente). 

            Esto en la Abogacía sería ofrecer un servicio que no quieren los consumidores, que no les  soluciona su problema y que crea una mala imagen para todo el colectivo, aún así,  existen despachos, asesorías etc. con “abogados” que no se ven y que supuestamente redactan miles y miles de documentos, todos firmados por el mismo letrado, curiosamente. Ni en tres vidas se podría trabajar tanto. 

¿Quién hace esos trabajos, requerimientos, contratos, etc? Ahí lo dejo.

            En resumen, que por lo menos no les engañen y puedan escoger entre comida basura y cualquier otra que se sirva en restaurante por un buen Abogado, que somos la Mayoría.

            No todo es precio y menos cuando se trata de sus Derechos.


Juan Ricardo Ruiz Rey
Abogado




lunes, 27 de octubre de 2014

De la liquidación del Impuesto de Sucesiones en Andalucía




Sucesiones Ruiz Rey Abogados


Hace pocos días, en el 10º Congreso de la Abogacía Malagueña tuve la suerte de compartir con muchos colegas de profesión, los problemas que nos encontramos a diario, y entre todos los comentados, destacaría el asunto de las liquidaciones de los impuestos de sucesiones, en relación con las Tasaciones Periciales contradictorias, solicitadas en estos procesos o como alegaciones en compraventas que la Junta De Andalucía considera que no se ajustaban el precio declarado de la vivienda con el valor tasado por ella, mediante la consabida multiplicación del valor catastral por el coeficiente correspondiente.

Como aquí solo pretendemos dar unas pinceladas y, sobretodo, alertar al ciudadano de lo que está sucediendo, diré que antes de firmar ninguna escritura de aceptación y adjudicación de Herencia en Notaria, se hace imprescindible un asesoramiento previo con un abogado, pues nos encontramos con casos sangrantes, donde la “tramitadora” de la notaria no realiza la liquidación tal y como se le encomendó o se le deja a su libre albedrío para realizarla, con lo que luego nos vemos ante una liquidación complementaria de la Agencia Tributaria Andaluza y lo que es más grave, una Sanción derivada de la incorrecta liquidación. Pues de eso precisamente es de lo que pudimos conversar con los colegas de profesión, ya que nos estamos encontrando, con que no sólo se le abre una liquidación complementaria al ciudadano, si no que debe abonar una sanción, en algunos casos de mucha importancia en función de los valores no declarados correctamente, en atención a un criterio a nuestro entender “desproporcionado” e injusto, como es el “elemento subjetivo de la sanción”. Que lo constituye, según la Agencia Tributaria Andaluza, por el mero hecho de haber sido informado por el Notario de las obligaciones fiscales que le corresponden al haber aceptado la herencia.

Y hago un inciso aquí para preguntarnos: ¿les suena a ustedes esto de la información de los Notarios cuando se realiza una compraventa con cláusulas abusivas? ¿hay un revuelo en España y en Europa por lo que ha motivado esta nula información que se daba a los que firmaban? Me parece que estamos ante lo mismos. Una persona media, sin el asesoramiento profesional de un abogado, puede verse gravemente perjudicada si su única información es la que le tiene que dar el notario.
Teniendo como resultado que en base a este criterio subjetivo la Agencia Tributaria Andaluza (si bien es verdad que aplicando la Ley General Tributaria Española, art. 183.1), todo se resuma en el presente argumento injusto:

 “Así, la negligencia no exige como elemento determinante para su apreciación un claro ánimo de defraudar, sino un cierto desprecio o menoscabo de la norma, una lasitud en la apreciación de los deberes de la misma”

            “Que no se actuó con la diligencia debida” y eso motiva la sanción.

Sin olvidar que ya en la liquidación complementaria se añaden intereses de demora de gran consideración.

            Algo parecido está ocurriendo en las compraventas que la gente cree que puede hacer por debajo del precio mínimo que está estableciendo la Junta de Andalucía en base al cálculo que hemos dicho, y lo destacado es la aplicación de sanción además de obligar a tributar por el valor que la Agencia determina, siendo posible recurrir a la TPC, con resultados dispares.

            No solo se les obliga a los ciudadanos a comprar y vender su casa y tributar por esa venta por el precio ficticio que resulta de la regla aritmética estipulada, si no que además se les sanciona cuando intentan acreditar que el valor real de la misma, es muy inferior al que se pretende por la administración.

Esto es un abuso y aquí lo denunciamos, avisando a los ciudadanos, que consulten a su abogado antes de cualquier operación de este tipo.



Ruiz Rey Abogados está aquí para ayudarles.




martes, 20 de mayo de 2014

¿Te parece Justo? Se están cargando la Justicia. Exige a los responsables.

¿Te parece Justo?

Nuestros políticos se están cargando la Justicia y el Derecho de defensa de los ciudadanos. Ayúdenos a luchar por los derechos de todos.



Ahora comparte y exige a tus políticos por sus acciones.





miércoles, 26 de marzo de 2014

Bastón-Estoque como arma y delito por su tenencia ilícita







Sin ánimo de profundizar en el delito, y a colación de alguna noticia de actualidad, nos gustaría sacar a la luz, cuestiones como la tenencia de estas armas, que el ciudadano común, puede pensar que no serían constitutivas de ningún delito, en especial el de tenencia ilícita de armas. Pero la realidad es que deben tener mucho cuidado con la posesión de armas como la que tratamos ahora aquí, el Bastón-estoque. Ya que, aunque, como veremos, nuestra defensa puede ser exitosa, siempre es mejor, prevenir que curar.

Hace poco tiempo tuvimos que defender un asunto de este tipo, donde se consiguió que no se acusara por la tenencia como armaprohibida del bastón-estoque. Pero no fue sencillo, y nos llamó la atención el desconocimiento de las personas ajenas al derecho, sobre las armas que se consideran prohibidas. 
 

Dice así el Reglamento de Armas, Real Decreto 137/1993 de 29 de enero:

Armas prohibidas

Artículo 4
1. Se prohíbe la fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las siguientes armas o de sus imitaciones:
  • a) Las armas de fuego que sean resultado de modificar sustancialmente las características de fabricación u origen de otras armas, sin la reglamentaria autorización de modelo o prototipo.
  • b) Las armas largas que contengan dispositivos especiales, en su culata o mecanismos, para alojar pistolas u otras armas.
  • c) Las pistolas y revólveres que lleven adaptado un culatín.
  • d) Las armas de fuego para alojar o alojadas en el interior de bastones u otros objetos.
  • e) Las armas de fuego simuladas bajo apariencia de cualquier otro objeto.
  • f) Los bastones-estoque, los puñales de cualquier clase y las navajas llamadas automáticas. Se considerarán puñales a estos efectos las armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda.
  • g) Las armas de fuego, de aire u otro gas comprimido, reales o simuladas, combinadas con armas blancas.
  • h) Las defensas de alambre o plomo; los rompecabezas; las llaves de pugilato, con o sin púas; los tiragomas y cerbatanas perfeccionados; los munchacos y xiriquetes, así como cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas.
2. No se considerará prohibida la tenencia de las armas relacionadas en el presente artículo por los museos, coleccionistas u organismos a que se refiere el artículo 107, con los requisitos y condiciones determinados en él.
Como se puede apreciar, en el reglamento se hace mención expresa a los bastones-estoque, que han tenido repercusión pública recientemente al encontrarse en una manifestación una muleta-estoque. 



Mucho podríamos hablar aquí sobre las distintas interpretaciones jurisprudenciales y doctrinales en relación a si la mera tenencia de las armas comprendidas en los puntos 4.1.f y h del Reglamento, constituyen en si mismo el tipo del 
Artículo 563
       La tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas, será castigada con la pena de prisión de uno a tres años.

En relación con el Artículo 565
    Los Jueces o Tribunales podrán rebajar en un grado las penas señaladas en los artículos anteriores, siempre que por las circunstancias del hecho y del culpable se evidencie la falta de intención de usar las armas con fines ilícitos.
                Pero por resumir bastante, nuestra posición quedaría concretada en lo que manifiesta la ST del Tribunal Supremo de fecha 22 de enero de 2001 que considera -sin decirlo expresamente- la existencia de dos tipos de delitos dentro del art. 563 del CP:

a.      Delito de tenencia de armas de fuego prohibidas.
b.      Delito de tenencia del resto de armas prohibidas.

Tanto el bien jurídico que protegen estos dos delitos, como sus configuraciones son diferentes.

La tenencia de armas de fuego prohibidas se configuraría como un delito de peligro abstracto, donde "el legislador considera punible la "mera tenencia" de una serie de armas aun a pesar de evidenciarse la falta de intención de usar éstas con fines ilícitos (art. 565 CP) en atención a las características y peligro (abstracto) del arma poseída. Desde esta perspectiva se pretende un control de las armas de fuego reglamentadas, a partir de las correspondientes licencias, así como un control de las armas no reglamentadas, cuya mera tenencia se considera peligrosa, aun a pesar de no haberse concretado, ni en uno ni en otro caso, peligro alguno".

Así el bien jurídico protegido sería tanto la seguridad pública en abstracto como el monopolio del Estado en el control de las armas.
Mientras que en el delito de tenencia de armas no de fuego prohibidas considera la mencionada sentencia que el bien jurídico protegido no sólo es la seguridad pública en abstracto sino también la vida y la integridad física de las personas.

En la tenencia de armas no de fuego prohibidas, "es necesario un plus de peligrosidad, como el que se derivaría de su uso en circunstancias tales que pusieran en concreto peligro, no sólo la seguridad pública sino también la individual de la persona agredida".

Y continúa la sentencia diciendo que "la tenencia de cualesquiera de las armas que el vigente Reglamento considera "prohibidas", fuera de los ámbitos reservados de su poseedor y/o en condiciones de causar peligro a terceros, sea sancionada penalmente, no en atención al peligro abstracto que trata de sancionar la tenencia ilícita de armas, sino, por el peligro concreto que dichas armas y medios peligrosos pueden originar a terceros. En definitiva, la tenencia de armas prohibidas (que no sean de fuego) podrá dar lugar a una sanción administrativa o, en su caso, podrá ser tomada en consideración penalmente para agravar determinados comportamientos lesivos de bienes jurídicos concretos (así por ejemplo en las lesiones, conforme al art. 148.1 CP, o en el robo, según establece el art. 242.2 CP)".

Algún detalle más.
Armas no de fuego.
1.       Bastones-estoque. La mayoría de sentencias absuelven por su tenencia, al considerar que en esos casos no se ha puesto en concreto peligro la integridad física de nadie.
2.       Excepcionalmente alguna sentencia se pronuncia de manera contraria a las anteriores (v.g. S. A.P. de Barcelona (Sección 5ª), de 9 diciembre 1999 en que el acusado exhibió el bastón-estoque de una longitud de 88 cm desenvainado (teniendo, la hoja de longitud 58 cm) pero le condena por la mera tenencia, aunque también lo sacara del coche).

Para terminar, no debemos olvidar que el art. 563 constituye una auténtica norma penal en blanco y por ello damos unas pinceladas sobre el alcance de la remisión a reglamento de la misma.

Alcance de la remisión reglamentaria.

Aunque alguna sentencia pueda hacernos pensar lo contrario, parece doctrina consolidada que la remisión del artículo 563 del Código Penal es únicamente al artículo 4.
A este respecto nos encontramos con dos posiciones separadas:

1. La de aquellos autores y jurisprudencia que consideran típicas todas la conductas consistentes en la tenencia de las armas descritas en el artículo 4, ya sean éstas de fuego, de gases, cortantes o punzantes o incluso contundentes.
2. La de aquellos que consideran que debe limitarse el alcance de la expresión armas prohibidas:
a.      Los que opinan que solamente deben considerarse delito la tenencia de armas prohibidas de fuego.
b.      La de aquellos que considera típico el uso de aquellas armas prohibidas (no la simple tenencia), ya sean de fuego o no, que realmente puedan suponer una puesta en peligro de la seguridad general.
Tanto unos como otros niegan la validez de la cláusula del art 4.1.h) in fine por considerar que sería una aplicación analógica extensiva.

        Por tanto nos alineamos con los que piensan que son de aplicación el Principio de intervención mínima y de última ratio del Derecho Penal. En virtud de estos principios no resultaría adecuado recurrir al Derecho Penal cuando se puede garantizar la defensa de bienes jurídicos con otros instrumentos que no sean tan traumáticos como las penas del Código Penal.

        Considerar, como algunos autores, que con las armas no de fuego nos encontramos ante "causas de exclusión de la tipicidad" por los principios de insignificancia y de tolerancia social. Así serían únicamente constitutivos de delito "el uso de aquellas armas prohibidas (no la simple tenencia) que realmente pueda suponer una puesta en peligro de la seguridad general". Es decir, se excluirían aquellas conductas que "en la práctica suponen un riesgo o peligro jurídicamente irrelevante"

        Otro argumento es la vulneración del principio de proporcionalidad de las penas que se puede producir de la aplicación del Art. 563 a las armas no de fuego, en relación con el artículo 564. Por ejemplo, conforme al artículo 564 se penaría al que posee un rifle sin licencia con la pena de seis meses de prisión y al que posee unos munchacos con la pena de tres años de prisión. Algo absurdo.

         El argumento que deriva del propio Reglamento de Armas, desarrollado por la consulta 14/97 de la Fiscalía General del Estado. Según este argumento el propio Reglamento de Armas establece en su artículo 4 apartado 2 que "no se considerará prohibida la tenencia de las armas relacionadas en el presente artículo por los museos, coleccionistas u organismos a que se refiere el artículo 107, con los requisitos y condiciones determinados en él". Esto es el propio artículo 4 deja de considerar prohibidas determinadas armas si se cumplen ciertas condiciones. Pero el artículo 107 trata únicamente de las armas de fuego, lo que nos llevaría -según la consulta mencionada- "al absurdo de entender que la tenencia con fines coleccionistas, artísticos o históricos, de las armas de fuego, cuya potencial peligrosidad -de afirmarse- es notoriamente superior a las que no actúan mediante la deflagración de la pólvora, podía quedar excluida del tipo del art. 563, mediante el cumplimiento de ciertas exigencias administrativas, mientras que la simple tenencia, con idénticos fines, de instrumentos cuya capacidad lesiva -de existir- será siempre menor, resultaría invariablemente abocada a sufrir el reproche penal."

          Otro argumento de la misma Fiscalía es el análisis interrelacionado del art. 563 y del régimen sancionador de los artículos 155 y siguientes. En concreto, el artículo 155 considera infracción muy grave la tenencia de armas de fuego prohibidas, pero no dice nada de las armas también prohibidas pero no de fuego. Por tanto el Derecho Penal no puede sancionar, con pena de prisión de uno a tres años, aquella conducta que no se ha estimado acreedora de reproche administrativo sancionador.

Concluye el informe de la Fiscalía General del Estado, con un colofón muy acertado para el tema que tratamos:  que "la tenencia de armas prohibidas a que se refiere el art. 563 sólo es integrable, tratándose de armas que no son de fuego, por aquellas conductas en que la tenencia tiene una traducción dinámica consistente en comerciar, portarlas en establecimientos públicos y lugares de reunión, concentración, recreo o esparcimiento o utilizarlas sin adoptar las medidas necesarias para no causar peligro o daños a personas o cosas. Nunca la simple y nuda posesión de los objetos descritos en el art. 4.1. f) y h), podrán colmar las exigencias del tipo de injusto que acoge el art. 563 del Cp".

            Por todo ello, cuidado con el uso de todas estas armas que están prohibidas, porque fíjense todo lo que hay que explicar para que no les sea imputado un delito de tenencia ilícita de armas, penado con hasta 3 años de prisión.

Ruiz Rey Abogados